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¿Se puede aplicar la exención del artículo 7.p) de la Ley de IRPF a Consejeros y Administradores?

Se admite a trámite mediante auto de 21-02-2020 un recurso a resolver por el Tribunal Supremo que puede revolucionar la aplicación de la exención establecida en el artículo 7.p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante LIRPF) por trabajos realizados en el extranjero para Consejeros y Administradores.

En el artículo 7.p) de la LIRPF se prevé la exención, hasta un límite máximo de 60.100 euros anuales, por las remuneraciones percibidas por los trabajos efectivamente realizados en el extranjero, siempre que el perceptor de estas sea residente fiscal en España, cuando concurran dos requisitos.

El primero, que los trabajos se realicen para una empresa o una entidad no residente en España o un establecimiento permanente en el extranjero.

El segundo, que en el territorio donde se realicen dichos trabajos se aplique un Impuesto de naturaleza idéntica o similar al IRPF.

La Administración y la Dirección General de Tributos, en un análisis restrictivo de la norma, han negado la aplicación a Consejeros y Administradores de la nada despreciable exención, basándose en que la relación entre éstos y la empresa pagadora no es una relación laboral por cuenta ajena y dependencia, sino que es una relación mercantil, y entendiendo que el término “trabajos” que figura en el artículo 7.p) sólo engloba los contenidos en el artículo 17.1 de la Ley de IRPF.

Frente a esta postura, sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo en sentencia del 28-03-2019, y de la Audiencia Nacional, en sentencia del 19-02-2020, han abierto las puertas a reconsiderar la aplicación de la exención del 7.p). en resumen, por tres motivos:

– no cabe una interpretación restrictiva de la norma;

– no hay que basarse únicamente en la naturaleza de la relación laboral entre Consejeros y Administradores con la sociedad para negar la aplicación de la exención, siempre que se cumplan el resto de los requisitos fijados en la normativa;

– la tipología de los trabajos realizados por consejeros y administradores, entendiendo por tales, labores de supervisión o coordinación, no es motivo suficiente para negar la aplicación de la exención, aun cuando se beneficien de las mismas no sólo la entidad no residente, sino también, entre otros, la entidad empleadora del perceptor de los rendimientos (o aquella en la que preste sus servicios).

No podemos olvidarnos del objetivo de la norma, dicha exención surgió para promover y potenciar la internalización del capital humano con residencia fiscal en España; ¿con una interpretación tan restrictiva nos acercamos o nos alejamos de ella? Así las cosas, deberemos esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo en casación, el cual sentará jurisprudencia, para conocer si se amplía el ámbito de aplicación subjetivo de la exención, y los Consejeros y Administradores, siempre que cumplan las exigencias legales, pueden beneficiarse de dicho incentivo fiscal.

Amparo Costa Diego, Abogado y Economista en Legal Notes

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