NOELIA 10-09-2021

Reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad de las personas

El pasado 3 de septiembre entró en vigor la LEY 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las reformas introducidas por la precitada Ley supone un gran cambio en una legislación civil y procesal, el más novedoso de los últimos tiempos. Desaparece el termino “incapaz e incapacitado”, ahora pasan a llamarse “personas con discapacidad”.

La reforma que trae dicha ley se produce para adaptar nuestra regulación a la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad de Nueva York de fecha 13 de diciembre de 2006, el espíritu de la misma es que la capacidad jurídica es inherente al ser humano, más allá de sus deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales que puedan afectar a la persona.

Por ello, las principales reformas que trae esta Ley:

–          Desaparece la incapacitación judicial, la cual podrá ser sustituida por diversas medidas de apoyo que establece la Ley.

–          Desaparece la tutela, como figura tradicional, y utilizada para amparar a las personas con discapacidad. Ahora dicha institución queda reservada para los menores.

–          Desaparece la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

–          Desaparece la prodigalidad.

Aparecen nuevas figuras:

–          Curatela

–          Guardador de hecho

–          Defensor judicial

Con esta ley lo que se pretende es establecer unas medidas de apoyo a las personas que lo precisen en cada momento, pero siempre y en cada momento respetando su capacidad y voluntad; para ello habrá que examinar cada caso en concreto para valorar que institución, plazo, etc. Es el correcto. El fin de la norma es no acudir a los Juzgados, por ello también se flexibiliza el proceso ya que tales solicitudes se iniciarán por el procedimiento de Jurisdicción voluntaria, tan solo acudiendo a un pleito civil cuando haya conflicto de intereses o discrepancia, y las medidas a acordar nunca tendrán carácter permanente.

Esta Ley prevé un plazo máximo de 3 años para adaptar las medidas anteriores y adaptarlas a la nueva normativa.

Es una Ley muy novedosa y ambiciosa, que hemos de esperar a ver como se desarrolla en la práctica, ya que dará mucho que hablar por las situaciones. Y todos los operadores jurídicos hemos de acostumbrarnos en el nuevo entorno que en materia de capacidad nos espera.

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