18-05-2021 Post MIGUEL ANGEL

La suspensión del otorgamiento de licencias

No es infrecuente encontrarnos con la situación “sobrevenida” de que un Administración Pública (en uso de sus facultades, por supuesto), proceda en un momento determinado a decretar la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas. Esto en principio, y de acuerdo con lo establecido en el art. 64 LOTUP, se podrá acordar “con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística”.

En la práctica, generalmente, suelen acordarse las suspensiones de licencias por las Administraciones Públicas valencianas aprovechando el período máximo que establece nuestra normativa autonómica, cual es el plazo de 2 años. Si bien, el problema de fondo que suelen acarrear las suspensiones de licencias es que la Administración no suele ser previsora y adopta los acuerdos de suspensiones de licencias, o bien sin el preceptivo estudio de la situación, o bien impulsados por el devenir social del momento.

Esto supone, una vez más en la práctica, y para el administrado, un cambio en las reglas de juego a mitad de la partida. Es decir: imaginemos una empresa que solicita una licencia de edificación y posterior de actividad para una zona concreta del municipio, porque así se lo permiten las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana correspondiente.  Siendo que, al momento de solicitar la licencia, cumple escrupulosamente con todas y cada una de las normas que marca el ordenamiento jurídico-urbanístico. Por lo que, se le otorga la licencia y la empresa comienza con los trabajos de construcción. Y, con el edificio ya prácticamente finalizado, previo paso al inicio de la actividad, el Ayuntamiento decide suspender el otorgamiento de licencias para la zona donde se encuentra el edificio, y por lo tanto, ya no podrá ejercer la actividad (al menos, durante dos años). Claramente, para la empresa que, al momento de solicitar la correspondiente licencia, cumplía con la normativa, la Administración le ha modificado las reglas del juego justo antes de acabar la partida. Y esto, ¿qué consecuencias tiene?

Pues estaríamos en lo que doctrinal y jurisprudencialmente se conoce como responsabilidad patrimonial urbanística. Y es que no hemos de olvidar que, y basándonos en el ejemplo anterior (por supuesto, muy simplificado), es doctrina del Tribunal Supremo que “La institución de la suspensión de licencias por motivo de formación y aprobación de los planes…, tiene carácter cautelar y tiende a asegurar que durante la tramitación del Plan que regirá en el futuro no se consoliden aprovechamientos del suelo que, aunque amparados en el Plan todavía vigente, sean contradictorios con el nuevo modelo territorial”. STS de 29 de enero de 1996.

Por lo tanto, cabe tener en cuenta que, cualquier actuación que no encaje con el presupuesto objetivo de la institución de la suspensión de licencias, debe conllevar necesariamente a la indemnización del interesado perjudicado por la suspensión del otorgamiento de licencias donde, y de acuerdo con cada caso concreto, habrá que tener en cuenta los costes de los proyectos sufragados por el propio interesado, el abono de las tasas y tributos que haya efectuado, así como el daño emergente; y, si se han patrimonializado los aprovechamientos (y una vez más atendiendo al caso concreto), el lucro cesante. Pues no hemos de olvidar que, el deber de indemnizar de la Administración surge por la producción de un daño al administrado, causado por acción u omisión por la propia Administración.

En definitiva, ante un acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias, conjugar los intereses públicos (los cuales hay que motivar cuando se adopta una decisión de estas características), con los derechos de los administrados afectados por tales decisiones, se convierte en una tarea ardua que conllevará, en la mayor parte de los casos, a la indemnización por parte de lo público a los perjudicados. Y es que cabe tener muy presente que no es lo mismo discrecionalidad en el actuar de la Administración, que arbitrariedad. Términos que, a veces, se confunden en la misma línea que se separa en la práctica de los presupuestos habilitantes para adoptar decisiones de estas características.  

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