Responsabilidad de la Administración

La hostelería, gimnasios, centros deportivos…¿Es la Administración responsable? Y por lo tanto, ¿debe indemnizar los daños causados?

En los últimos días, se nos plantean como cuestiones si las decisiones adoptadas por la Administración autonómica son susceptibles de ser objeto de reclamación.

Es por todos conocido que, el pasado día 20 de enero de 2021, el Gobierno de la Generalitat Valenciana dictó una resolución por la cual se acordaba el cierre de determinados sectores de actividad, y principalmente el de la hostelería, los centros deportivos, los salones recreativos, etc. No vamos a extendernos por tanto en una cuestión que es obvia para todos. Pero, sí hemos de hacerlo desde el ámbito de la responsabilidad de la Administración al adoptar esta resolución.

Y es que, tuvimos ocasión desde Legal Notes hace unos días de poder compartir con varias asociaciones de comerciantes relacionadas con los sectores afectados unas reflexiones sobre lo que ha supuesto las medidas adoptadas por la Administración autonómica y la situación precaria en la que los deja. Cierre obligatorio de los comercios, trabajadores automáticamente abocados a un ERTE o, directamente y si la situación es muy grave, al despido definitivo. Y unos costes fijos que no disminuyen, principalmente en materia impositiva. Y un reguero de proveedores que deben proceder de la misma manera porque ya no tienen a quien proveer.  Todo ello sin contar que, se ordena el cierre de estos comercios, pero no se les ofrece ningún tipo de ingreso a cambio, para que puedan suplir el paro en su actividad con un ingreso que les permita mantenerse.

Puesto todo esto en contexto, nos preguntaron si podía derivar algún tipo de responsabilidad de la Administración por adoptar una medida tan dañina sólo contra estos sectores. Y es una pregunta no solo válida, sino obligatoria.

Desde una perspectiva jurídica, según el art. 32.1, “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley”.

Acogiendo como nivel basal lo que establece dicho precepto, ¿podemos entender que hay lesión en bienes y derechos? A juicio de quien suscribe estas palabras, sí. ¿Hay fuerza mayor? Desde el punto de la vista de la Administración, seguramente sí. Desde el punto de vista del perjudicado, seguramente no. ¿Encuentra justificación, dada la situación de pandemia en la que nos encontramos, el cierre selectivo de comercios? ¿O cabía el cierre completo, como en Marzo del 2020, de todos los sectores de actividad salvo los considerados esenciales? ¿Cabe por lo tanto emprender acciones judiciales contra la Administración por esta decisión? Son algunas de las preguntas que tuvimos ocasión de escuchar, y por ello desde Legal Notes estamos trabajando en un asesoramiento integral en la cuestión.

Miguel Ángel Martínez Ortiz

Abogado en Derecho Público y Mercantil

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