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La acción de responsabilidad solidaria y la moratoria concursal

La acción prevista en el artículo 367 LSC es la acción de responsabilidad por las nuevas deudas sociales o por no promoción de la disolución, que, si bien considerada por una parte minoritaria de la doctrina como de naturaleza indemnizatoria, la mayoría entiende que tiene carácter sancionador.

Si la mayoría considera que esta responsabilidad tiene naturaleza sancionadora es porque no es necesario para que esta surja que concurran todos los elementos de la responsabilidad indemnizatoria, pues serán necesarios como presupuestos objetivos que exista una causa de disolución de la sociedad en conformidad con el artículo 363 LSC, así como de algún crédito contra la sociedad, y que se haya omitido por los administradores la obligación de convocatoria de la junta general. Por lo tanto, no se tiene en cuenta el posible dolo del administrador, únicamente su negligencia en el ejercicio de sus deberes, operando esta responsabilidad ope legis.

Con ella se pretende disuadir a los administradores del incumplimiento del deber de convocar la junta general en los dos meses posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución e instar su adopción cuando sea posible.

Se podría considerar a esta responsabilidad, como un sistema que trata de evitar el concurso, dado que se les amenaza a los administradores con responder personalmente de las obligaciones sociales cuando no cumplan con el deber de disolver la sociedad o de adoptar una medida alternativa.

Un modo de presión para que los administradores cumplan con su cargo correctamente, para adoptar esas medidas con el fin de evitar la crítica situación de insolvencia o pérdidas y su consiguiente disolución, es esta previsión recogida en el artículo 367 LSC, que establece la responsabilidad de los administradores por aquellas obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución cuando incumplan el deber de convocar la junta general en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución, no instaran la disolución judicial o no declarasen el concurso. Además, se presumirán posteriores al acaecimiento de la causa de disolución todas las obligaciones sociales reclamadas a no ser que los administradores prueben su nacimiento anterior.

No obstante, el Real Decreto-ley de 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, el cual, ha extendido la moratoria concursal; ha tenido un efecto directo respecto sobre la responsabilidad arriba indicada en cuanto a que ha conllevado la exclusión de las perdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a los efectos de acreditar la concurrencia de causa de disolución por perdidas que disminuya el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad de su capital social. Lo cual, está directamente ligado con el régimen de responsabilidad objetiva y tiene su base en la intención de tratar de evitar que se origine una inestabilidad de los mercados y desestabilidad societaria a causa de los problemas derivados de la crisis sanitaria.

Asimismo, cabe resaltar que esta dispensa temporal de las medidas concursales y societarias no conlleva un paréntesis sobre las decisiones y actuaciones que llevan a cabo los órganos de administración de las sociedades que se encuentren en situación de insolvencia y puedan dañar a los acreedores ya que sigue latente la acción individual de responsabilidad recogida en el artículo 241 de la LSC.

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