02-02-2021 Post Juan Miguel

IMPACTO DEL BREXIT EN LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS MARÍTIMAS

Por Juan Miguel Martínez Mortes

El 23 de junio de 2016, los ciudadanos británicos acordaron, a través un referéndum, que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, poniendo así fin a una relación que había perdurado desde 1972. El ‘sí’ se impuso en la votación frente al ‘no’ con un escaso 51,9% de los votos, lo que podría suscitar la cuestión de si una decisión de tal calibre no hubiese requerido de una mayoría cualificada.

Sea como fuere, a las 23:59:59 del 31 de diciembre del 2020 se ponía fin al periodo transitorio, momento en el cual el país británico abandonó la Unión mediante la European Union (Withdrawal) Act 2018. De esta forma, comenzó una singladura política y comercial en solitario.

Esta nueva etapa ha suscitado numerosas especulaciones acerca de qué normativa podría ser aplicable en la resolución de disputas en el campo del Derecho Marítimo. No pocas han sido las jurisdicciones extranjeras que han visto el Brexit como la oportunidad que tanto ansiaban para atraer los conflictos a sus Tribunales y escoger su legislación como la aplicable a los contratos, restando así la importancia que hasta el presente tiene Londres como centro marítimo y financiero.

Todavía es pronto para conocer el impacto real y total que ejercerá el Brexit en esta cuestión, pero sí que hay algunos aspectos sobre los que podemos aventurarnos a dar una proyección de futuro.

En cuanto a la competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el Reglamento UE nº 1215/2012, más conocido como Bruselas I Bis dejará de ser de aplicación en el Reino Unido. En este sentido, el Acuerdo de Comercio de Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido se ciñe a una serie limitada de cuestiones, entre las que no se incluye ni la competencia ni la ejecución de decisiones judiciales.

Consecuentemente, el país británico realizó el pasado 5 de abril la solicitud formal requerida para el ingreso en el Convenio de Lugano de 2007 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuyas disposiciones son altamente similares a las de Bruselas I Bis. No obstante, para la válida incorporación a este Convenio se requiere la unanimidad de votos de los demás Estados firmantes, y la posición de la Unión Europea no está todavía definida.

La principal diferencia entre ambos regímenes, aparte de que bajo el Convenio de Lugano los Tribunales no estarán vinculados por las decisiones del TJUE, es que parece que este Convenio deja la puerta abierta al empleo de la táctica procesal conocida por ‘torpedo italiano’. Así lo han entendido los Tribunales ingleses en el reciente caso Mastermelt [2020] EWHC 927, por lo que es probable que las anti-suit injunctions­ resurjan en la práctica litigiosa.

Por otro lado, el Convenio de la Haya de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro sigue siendo de aplicación en el Reino Unido, pues es miembro del Convenio por derecho propio, por lo que no habrá mayores cambios. Se mantendrá el reconocimiento y ejecución recíproca en Estados firmante de decisiones en las que conste este tipo de cláusulas.

En ausencia del cualquiera de estos textos internacionales, la competencia judicial vendrá determinada por los acuerdos bilaterales que haya suscrito el Reino Unido, lo que no es el caso con España. Por lo tanto, esta cuestión tendrá que ser dirimida de acuerdo a la normativa interna de cada Estado.

En otro orden cosas, con la conclusión del Brexit, la ejecución de las decisiones de las Courts británicas no serán llevadas a cabo de manera inmediata en los demás Estados Miembro de la Unión, salvo en aquellos supuestos en los que exista un Convenio bilateral. Este no es el caso de España, por lo que el recurso a Londres para la solución de disputas podría resultar menos atractivo.

Por último, es importante recordar que el arbitraje queda fuera del ámbito de aplicación de Bruselas I Bis y del Convenio de Lugano, por lo que no se verá alterado ya que el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras está regulado por el Convenio de Nueva York de 1958, siendo el Reino Unido

En resumidas cuentas, habrá que esperar a desvelar la decisión final de a Unión Europea sobre el acceso de su antiguo socio al Convenio de Lugano, por lo que en caso afirmativo aportaría una mayor seguridad jurídica a los operadores internacionales puesto que el funcionamiento de sistema de atribución de competencia y ejecución de resoluciones judiciales ya les sería familiar.

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