Post BEA 04-11-2021

El Tribunal Constitucional deja fuera de combate a las reclamaciones por la plusvalía posteriores al 26 de octubre

La Sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana así lo confirma.

Como se expuso en el borrador y tal y como recoge ahora la sentencia, “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”. Es decir, el 26 de octubre, día en el que el TC adelantó el fallo.

Se desprende entonces que quienes no hayan impugnado liquidaciones o solicitado la rectificación de autoliquidaciones antes del 26 de octubre no podrán hacerlo con fundamento en la sentencia.

Una vez hecha pública la sentencia de 26 de octubre de 2021, se confirma que la declaración de inconstitucionalidad deja un vacío normativo que impide determinar la base imponible, lo que imposibilita la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad hasta que legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE, puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados.

El Tribunal Constitucional confirma la modulación de los efectos temporales de la sentencia, que permite que los efectos ‘erga omnes’ de un fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley no estén siempre dotados de carácter retroactivo, de modo que “las liquidaciones que no hayan sido impugnadas o las autoliquidaciones cuya rectificación no se haya solicitado antes del 26 de octubre no podrán revisarse con fundamento en la sentencia, despreciando el régimen jurídico de ambas figuras (que en modo alguno tienen el carácter de definitivas), lo que resulta controvertido, en base a la tutela judicial efectiva que el propio TC está llamado, en última instancia a preservar.

Algunos expertos indican que es cuestionable que la fecha que se tenga en cuenta sea la del dictado de la sentencia y no la de su publicación en el BOE, teniendo en cuenta que el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que: “Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

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