Post PAULA 26-02-2021

EL IMPAGO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO Y EL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA

-Sentencia del Tribunal Supremo 2158/2020-

La Sentencia del Tribunal Supremo 348/2020 de 25 de junio de 2020, ha resuelto si el incumplimiento por parte de uno de los cónyuges, del pago del 50% de la cuota del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar, puede dar lugar a un delito de abandono de familia.

Con bastante frecuencia se nos da el supuesto en el que, ambos cónyuges, mediante el convenio regulador de divorcio o separación, acuerdan que el préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar sea asumido por ambos a partes iguales.  Sin embargo, en muchas ocasiones ocurre que uno de ellos -normalmente al que no se le ha atribuido el uso de esta- deja de hacer frente a las cuotas mensuales a las que se había comprometido.

Frente a esta situación, la parte acreedora deberá instar un proceso declarativo contra el deudor con la finalidad de repetir contra él y ver satisfecho su derecho de crédito. Ahora bien, que en caso de que el cónyuge que se le ha atribuido el uso decida abonar únicamente su mitad, y dejar pendientes las cuotas que debería sufragar el cónyuge deudor

Lo relevante del supuesto que, si el impago del préstamo garantizado con hipoteca que grava la vivienda familiar puede considerarse constitutivo de ilícito penal por tratarse de una prestación económica en favor de su cónyuge e hijos, y regulada en un convenio regulador aprobado judicialmente.

Pues bien, el artículo 227.1 del Código Penal dispone que: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”, así por tanto, debe incurrir la existencia de la resolución firme, la conducta omisiva por parte del obligado al pago, y el dolo, es decir, que pudiendo hacer frente a las cantidades no cumpla con la obligación de pago. La sentencia a la que hacemos referencia ha considerado que el comportamiento del deudor encaja perfectamente en el contenido del precepto citado y confirma la condena por haber cometido el delito de abandono de familia por impago de prestaciones.

El argumento en el que se basa es que el artículo 227.1 del Código Penal señala concretamente “el que dejare de pagar”, por tanto, el Alto Tribunal entiende que ha incumplido voluntariamente la obligación de pago.

Así mismo, la resolución también recuerda que lo habitual es que ambos cónyuges sean deudores solidarios y por tanto el impago de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario faculta al acreedor a la venta judicial y posterior despojo del inmueble, poniendo en riesgo la privación de su hogar a los menores y con ello parte de los alimentos que el progenitor venía obligado a proveer.

Así, por tanto, debemos concluir entendiendo que las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica a cargo de ambos progenitores, con independencia de que sea como carga del matrimonio o como deuda de la sociedad de gananciales.

Por Paula Crespo Agudo, abogada.

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