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EL “GREEN FINANCE” DE LA UE: EL NUEVO MARCO DEL INVERSOR EUROPEO

Dentro de los márgenes dibujados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en línea con los objetivos que, en materia de cambio climático, fueron marcados en la Convención de París de 2015, la Unión Europea ha apostado por acelerar la transición a una economía sostenible. Esta idea ya quedó patente a finales del 2019 cuando, dentro del marco de las llamadas “Finanzas Sostenibles”, el Parlamento Europeo y el Consejo mantuvieron las primeras conversaciones orientadas a sentar las bases de lo que pronto sería la ‘taxonomía’ de la Unión en la materia, es decir, un sistema de clasificación único de aquellas actividades económicas que pueden ser consideradas como medioambientalmente sostenibles. No siendo fruto de la casualidad, la citada reunión surgió como respuesta inmediata de los colegisladores al impulso que, ya en el mes de marzo de ese mismo año, solicitó la Comisión Europea para consolidar una efectiva canalización de la inversión privada en asuntos de interés general de tipo medioambiental. Todo ello a través de su propuesta de Reglamento de 24 de mayo de 2018: “Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment”.

Tal y como reconoció la propia Comisión, se estima una laguna de inversión de 180 billones de euros anuales. Laguna que, en el sector privado, se traduce en clave de oportunidad económica, en especial para:

a) aquellos inversores que deseen obtener un rendimiento de su capital dentro de un sistema de economía circular sostenible; y

b) para aquellos otros que, a través del desarrollo de una actividad respetuosa con el medio ambiente, busquen captar fondos de los primeros por medio de la emisión de bonos.

En este último grupo cobran especial relevancia las empresas energéticas en su apuesta por las energías renovables. En la medida en que se reduzca el coste de la financiación de las citadas energías se reducirá proporcionalmente el coste de generación de la electricidad, tal y como señaló la OECD en su informe “Better Polices for Better Lives” de diciembre de 2015.

Por su parte, la Unión Europea a través de la normativa prevista, garantizaría un marco de acción transfronterizo único que facilitaría la circulación de flujos de capital y el destino final de los mismos. La emisión de “bonos verdes” regulada supranacionalmente se constituiría como fórmula u eje central sobre el que pivotaría el sistema de clasificación, en especial gracias al carácter incentivador que, desde un punto de vista fiscal, tienen estos bonos con respecto a los bonos ordinarios.

La Cumbre del G-20 celebrada en Hangzhou en septiembre de 2016 ya dejó entrever que los llamados bonos verdes estaban llamados a cobrar protagonismo a escala mundial como instrumento financiero del futuro más inmediato. De hecho, en ese mismo año la agencia internacional de calificación de riesgo Moody’s decidió diseñar por primera vez su propio mecanismo de calificación de bonos verdes. Asimismo, la introducción de índices de referencia vinculados a la oferta de activos ecológicos ha sido clave para que en los últimos años determinados inversores institucionales hayan decidido reorientar sus inversiones en atención a los mismos. Tal y como apunta la OECD, desde noviembre de 2015 han habido cuatro “familias” de índices de bonos verdes a disposición del inversor: Bank of America Merrill Lynch Green Bond Index, Barclays MSCI Green Bond Index, S&P Green/Project Bond Indexes y Solactive Green Bond Index.

Ahora bien, ¿qué actividades serían consideradas ‘verdes’ a la luz del Derecho de la Unión Europea?

La Comisión quiso alejarse de una calificación estática de actividades económicas comprometidas con el medio ambiente proponiendo, como alternativa, un mecanismo de valoración flexible que permita graduar el grado de compromiso medioambiental de las empresas llamadas a beneficiarse del sistema. De este modo, empresas que no desarrollan una única actividad pueden ser tenidas en cuenta en proporción a aquellas actividades que efectivamente fueren subsumibles en el ámbito material del Reglamento. De ello se deduce un potencial esfuerzo diversificador del que se beneficiaría el mercado en su conjunto.

En todo caso, para determinar los criterios técnicos que servirían para calificar una determinada actividad como ‘medioambientalmente sostenible’, están sirviendo de referencia:

  1.  Los principios establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, quien ya estableció unas directrices básicas de carácter no vinculante a fin de que los agentes de mercado que deseen emitir bonos y calificarlos a su vez de medioambientalmente sostenibles lo hagan en base a unos criterios homogéneos que puedan servir de referencia a escala mundial;
  2.  Así como el informe técnico emitido por el Grupo de Expertos nombrado por la propia Comisión en junio de 2018, quien propuso el llamado ‘EU Green Bond Standard’ a efectos de ir valorando los criterios a los que debe atender la eventual taxonomía supranacional europea.

La consulta de expertos nacionales se ha estimado imperativa en el seno de la Unión, más aún teniendo en cuenta el rechazo del Consejo a la propuesta del Parlamento Europeo por excluir de la categoría de ‘productos financieros sostenibles’ a las inversiones realizables en algunas actividades relacionadas con combustibles fósiles sólidos, la generación de energía nuclear e infraestructuras de gas. Si bien países como Alemania, Austria o Luxemburgo veían con buenos ojos el texto aportado por el Parlamento Europeo otros, como Francia, no mostraron su conformidad en la exclusión de determinadas fuentes de energía como la nuclear. En todo caso, el pasado mes de abril el Consejo ya adoptó su posición en primera lectura con vistas a la aprobación de un Reglamento relativo al establecimiento de un marco que facilite las inversiones sostenibles y por el que se modifique el Reglamento (UE) 2019/208.

A pesar de la divergencia de opiniones encontradas en el camino legislativo recorrido hasta el momento, el marco legislativo inicialmente propuesto por la Comisión se estima más necesario que nunca, resultando difícil de entender un horizonte temporal en el que no se progrese legislativamente en esta materia a nivel supranacional:

  1. Primero y ante todo, dada la realidad del cambio climático, tal y como subrayó el Foro de la OECD sobre Green Finance.
  2. Desde el punto de vista del comercio exterior, dicha necesidad se debe a la rápida progresión que en este ámbito están teniendo otros bloques comerciales como Estados Unidos o China.
  3. Y, desde la perspectiva del mercado interior, debido al riesgo que suponen las pretensiones de algunos Estados miembros de regular individualmente la llamada ‘sostenibilidad’ de los productos financieros. Pretensiones que, de llevarse a efecto, conducirían inevitablemente a la fragmentación del mercado de capitales en lo que a inversiones en proyectos sostenibles se refiere.

En cualquier caso, el Reglamento requerirá ahora de la aprobación del Parlamento Europeo en segunda lectura. De no presentarse enmiendas, siempre y cuando la Eurocámara muestre su conformidad con el texto modificado por el colegislador, nada obstaría a que a finales de año se inicie una progresiva aplicación del nuevo Green Finance europeo.

Miguel Verdeguer Segarra, Abogado & Economista en Legal Notes

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