Recurso de reposicion

El eterno debate: la utilidad del recurso de reposición previo a la vía contencioso-administrativa

Por Miguel Ángel Martínez Ortiz

Abogado

El recurso de reposición, ese eterno repudiado por la práctica profesional. Por ello se ha dado desde tiempos inmemoriales la siguiente pregunta: ¿tiene realmente alguna utilidad el recurso de reposición? Estamos hablando en este caso, del recurso potestativo de reposición, pues en el caso del recurso preceptivo en el ámbito económico-tributario de los entes locales, como su propio nombre indica, no cabe cuestionar la elección o no de la acción a ejercitar, dada su obligatoriedad. Por lo que la referencia en todo momento en las líneas que suscribe quien redacta estas líneas, se realizará sobre el recurso potestativo de reposición.

Establece el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) que “Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. Esto supone pues, que el objeto del recurso son los actos que ponen fin a la vía administrativa. Estos actos son los recogidos en el art. 114 LPAC (resoluciones de órganos administrativos que carecen de superior jerárquico; acuerdos, pactos o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, etc.) y, para el caso de las Administraciones Locales, también el art. 52.2 LRBRL (resoluciones de determinados órganos o autoridades).

Es decir, que la finalidad del recurso potestativo de reposición no es otra que la de otorgar al administrado la posibilidad de, una vez entendido que el acto administrativo dictado por la Administración es contrario a Derecho o a sus intereses que considera legítimos, reclamar a la Administración Pública (a modo de recordatorio, utilizando una terminología más coloquial) que reconsidere el acto administrativo dictado y que “reponga” las cosas a la situación anterior a la existencia de dicho acto administrativo.

“El hecho de que una Administración adopte una decisión, no significa que la misma sea correcta”.

De esta manera, con la interposición de dicho recurso, se articula una doble vía: por un lado, para la Administración, como oportunidad para reconsiderar la decisión adoptada que adquiere carácter ejecutivo a través del acto administrativo dictado; y por otro lado, para el administrado, porque tiene la posibilidad de instar la revisión del acto administrativo en ese “limbo” (que no es tal) que supone la interposición de dicho acto una vez finalizada la vía administrativa, y previa a la vía contencioso-administrativa.

A juicio de quien suscribe estas palabras, y por lo que la experiencia profesional nos demuestra a diario, el recurso potestativo de reposición es un instrumento jurídico tremendamente útil, tanto para la Administración como para el administrado. En cierta medida, cuando la Administración adopta un acuerdo o dicta un acto, se entiende que el acto ha sido estudiado al detalle, y la decisión adoptada ajustada a Derecho (como así pasa la mayoría de las veces). Pero el hecho de que una Administración Pública dicte un acto, por muy ejecutivo que sea el mismo, no significa que automáticamente cumpla a rajatabla con lo establecido por el ordenamiento jurídico. O dicho de nuevo en un lenguaje más informal: el hecho de que la Administración adopte una decisión no significa que la misma sea correcta. Es por ello que se brinda esa oportunidad por parte del administrado a la Administración para que reconsidere su decisión, así como para que la propia Administración compruebe por si misma si el administrado tiene razón o no.

Por lo que, la interposición de un recurso de reposición no es un acto baladí; requiere a la hora de recurrir, de conocimientos técnico-jurídicos para poder ejercitar el derecho del administrado de la mejor manera posible. Eso no garantiza jamás que un recurso de reposición sea estimado. Pero al menos sí garantiza que el derecho se ejercita con las máximas garantías profesionales.

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