14-06-2021 Post MIGUEL ANGEL

El Banco Popular y la figura del Compliance Officer.

Hace unos días nos desayunábamos la imputación de el exdirector financiero y el exdirector de Cumplimiento Normativo del ya extinto Banco Popular, en la causa penal que se sigue ante la Audiencia Nacional. El motivo, simple de entender: el papel crucial que desarrollaban los dos en aquel momento ante la financiación a clientes del banco para que participaran en la ampliación de capital que tuvo lugar en el año 2016.

No entraremos a fondo a analizar el porqué de la imputación penal de los investigados, sino concretamente en el deber de acción u omisión que al respecto tuvo el Compliance Officer de la entidad. Pues, según se ha filtrado a la empresa, cuatro meses después de la resolución del banco, se remitió un informe a la CNMV informando de que por parte de la entidad se estaba financiando a clientes para la suscripción de acciones, y al parecer (reiteramos, según la información que podemos leer en prensa), la Oficina de Cumplimiento Normativo pudo haber hecho caso omiso de las advertencias al respecto.

Pero, la cuestión que planteamos al hilo de este hecho es: ¿es importante el hecho de disponer de un Sistema de Compliance? Y, ¿cuándo deviene fundamental informar a las autoridades de las posibles irregularidades que se estén dando dentro de la entidad?

En primer lugar, disponer de un Sistema de Compliance en las personas jurídicas no es obligatorio per sé, si bien en la práctica se convierte en una herramienta prácticamente indispensable. Pues, el haber implementado un sistema de cumplimiento normativo en la entidad se convierte en una eximente, como así indica el art. 31.bis.2 CP (una de las condiciones). Lo que supone de entrada (y esto no significa que sólo por el hecho de tener implementado un programa al Compliance Officer se le exima de cualquier responsabilidad de forma automática) que a efectos morales y jurídicos, la entidad ha puesto de su parte en implementar un sistema que le permite conocer al detalle su organización; los riesgos del incumplimiento normativo al que la sociedad puede estar expuesta; y diseña un programa que le permita, si bien no evitar la comisión de delitos en el seno de la entidad, sí adelantarse a su posible comisión y, en el caso que sucedan, tener mecanismos de amortiguación del impacto económico, jurídico y social que la comisión de esos delitos puedan tener en la responsabilidad concreta de la entidad en cuyo nombre se cometen. E independientemente de que los mismos se cometan de forma consciente o inconsciente.

Y en segundo lugar, el deber de información de la comisión de irregularidades no es un debate cerrado, ni muchísimo menos. Pero no cabe duda que, ante la situación jurídica en la que nos encontramos, y como ejemplo de las funciones del Compliance Officer (en este post, el ex del Banco Popular), ante una situación tan característica con una regulación tan específica, a juicio de quien suscribe el presente artículo, debería haber puesto en conocimiento de la CNMV las posibles irregularidades que se estaban sucediendo en las sucursales de la entidad, lo cual al parecer era voz populi. Pero, por el contrario, en el caso de que es la propia CNMV quien remite un informe al Compliance Officer, es este mismo quien ya tiene un deber de diligencia debida. Un deber de, al menos, iniciar una investigación interna que le permita determinar el alcance de los hechos puestos en su conocimiento. Esto es, un deber de actuar, para evitar lo que llamaríamos en derecho penal la comisión por omisión.

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